¿Qué pasas si usas Gasoil B en tu turismo? Consecuencias y Multas

Ante las variaciones alcistas en los precios de los carburantes convencionales, existe un mito persistente en ciertos entornos: la creencia de que el Gasóleo B (conocido popularmente como «gasoil agrícola» o «gasoil rojo») es idéntico al Diésel A de automoción y puede ser utilizado en cualquier vehículo utilitario de forma segura para conseguir un ahorro económico directo.

Esta premisa es técnicamente falsa y legalmente punitiva. Llenar el depósito de un turismo, furgoneta comercial o camión logístico no autorizado con Gasóleo de tipo B acarrea dos consecuencias directas que anulan cualquier supuesto ahorro: la avería severa del sistema de inyección del vehículo y el enfrentamiento a sanciones fiscales formidables impuestas por la Agencia Tributaria.

Aunque el origen de destilación es el mismo hidrocarburo, el proceso de filtrado final y la formulación aditiva son drásticamente opuestos. El Gasóleo A estándar de las gasolineras, con el que están homologados los turismos, es un combustible purificado, libre de parafinas pesadas y provisto de paquetes de aditivos diseñados expresamente para lubricar inyectores micrométricos y proteger el FAP (Filtro Antipartículas) o la válvula EGR (normativas Euro 6 y Euro 7).

Por el contrario, el Gasóleo tipo B se formula asumiendo un destino de maquinarias de régimen de giro lento y robustas (Tractores, cosechadoras agroindustriales o generadores electrógenos). Esto permite un grado mayor de elementos pesados, un menor índice de cetano (menor poder de autoignición) y la carencia casi total de aditivos finos de protección.

Por tanto, si se introduce de forma continuada en el depósito de un coche moderno, la densidad del compuesto destrozará la aguja de los inyectores, obstruirá los filtros antipartículas de manera casi inmediata por exceso de hollín y obligará a la bomba de alta presión a empujar un fluido con menor perfil lubricante. El resultado mecánico se traduce en una reparación en taller que suele oscilar entre los **1.500 € y 4.000 € netos**, al tener que reemplazar el circuito de inyección por completo.

Incluso si el motor del usuario soportase el impacto inicial del carburante (algo que solo ocurre en mecánicas diésel atmosféricas muy antiguas), el conductor se expone a enfrentarse al régimen sancionador de España.

El Gasóleo B mantiene un precio inferior respecto al diésel A convencional gracias a la exención y bonificación del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos. Esta ventaja se concede exclusivamente para amparar los costes de los sectores primarios (agricultura y pesca). El uso no autorizado en vehículos en la vía pública supone evadir esos impuestos, lo que constituye un fraude fiscal probado por uso indebido de hidrocarburo bonificado.

Para perseguir este fraude, el Estado obliga a las refinerías a añadir un trazador químico permanente de colorante rojo muy potente. En los operativos rutinarios organizados por la Guardia Civil o divisiones aduaneras, los agentes extraen una micro muestra del depósito de los turismos sospechosos mediante una cánula. Detectar coloración rojiza o partículas del trazador es prueba judicial suficiente para interponer denuncia y precintar cautelarmente el vehículo.

Las multas administrativas aplicables están tipificadas severamente. Pueden iniciarse en una base de **600 €** para pequeñas infracciones en turismos y escalar progresivamente, en función de la capacidad del baúl, reincidencia y gravedad, hasta poder superar los **12.000 €**.

Las implicaciones económicas de una rotura de motor sumadas a las repercusiones sancionadoras fiscales dictan que la utilización de este hidrocarburo bonificado rojo en coches particulares es completamente improcedente, cancelando cualquier tipo de margen de ahorro teórico inicial.